Chahid El Hafed, a 30 de agosto de 2026
Hoy, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, elevamos nuestra voz en memoria de todas las personas desaparecidas en el mundo y, de manera particular, de las víctimas saharauis del Sáhara Occidental.
El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. España, como potencia administradora mantiene una responsabilidad jurídica por no haber completado el proceso de descolonización conforme al artículo 73 de la Carta de la ONU y por haber abandonado el territorio mediante los Acuerdos de Madrid de 1975, que no transfirieron soberanía. Marruecos, como potencia ocupante de la mayor parte del territorio desde octubre de 1975, ejerce un control de facto que ha venido acompañado de graves violaciones de derechos humanos.
Durante la administración española se registraron ya desapariciones forzadas y actos de represión, entre ellos la detención y desaparición en 1970 de Mohamed Sidi Brahim Basiri (conocido como Mohamed Basiri), figura fundacional del movimiento de liberación saharaui. Tras la retirada española y la invasión, las desapariciones forzadas se convirtieron en una práctica sistemática por parte de las fuerzas marroquíes. Diversos informes documentan cientos de casos —más de 4500 según estimaciones de la Asociacion de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis AFAPREDESA—, de los cuales 445 permanecen sin esclarecer. Entre las víctimas se encuentran hombres, mujeres, niños y ancianos. Exhumaciones realizadas por equipos forenses independientes han localizado fosas comunes con restos de saharauis ejecutados en febrero de 1976, algunos de los cuales portaban aún documentación de identidad española, lo que subraya la doble dimensión de la responsabilidad hispano.
Las desapariciones forzadas en el Sáhara Occidental no constituyen meros crímenes aislados, sino que forman parte de un contexto más amplio de destrucción, persecución y aniquilación de la identidad colectiva del pueblo saharaui. Por ello, afirmamos con rotundidad que las desapariciones forzadas, en este marco, son parte constitutiva del crimen de genocidio, tal como ha sido reconocido como verdad jurídica en el Auto 1/2015, de 9 de abril de 2015, dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, al admitir la competencia de la jurisdicción española para investigar los crímenes contra la humanidad y el genocidio cometidos en el Sáhara Occidental, y al considerar las desapariciones forzadas como uno de los modos de ejecución de dicha política criminal sistemática contra la población saharaui.
Este auto constituye un hito jurídico de ineludible relevancia que refuerza la obligación de España de investigar y depurar responsabilidades.
Las familias de los desaparecidos siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Ni España, en su condición de potencia administradora y por la ciudadanía española que muchos saharauis ostentaban en el momento de los hechos, ni Marruecos, como potencia ocupante, han cumplido plenamente con su obligación de investigar, esclarecer el destino de las víctimas, identificar restos, entregar los cuerpos a las familias y enjuiciar a los responsables. La impunidad perpetúa el sufrimiento y vulnera el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
En este Día Internacional:
Exigimos a España que asuma su responsabilidad histórica y jurídica, incluida la derivada del Auto 1/2015; que incluya a las víctimas saharauis en los mecanismos de memoria democrática; que facilite el acceso a la verdad y a la reparación; que preste toda la cooperación judicial requerida; y que contribuya activamente a la resolución del conflicto de conformidad con el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.
Exigimos a Marruecos que cese toda práctica de desaparición forzada, detención arbitraria y represión en los territorios ocupados; que coopere plenamente con los mecanismos de Naciones Unidas; que permita investigaciones independientes; que entregue información completa sobre el paradero de todos los desaparecidos; y que comparezca ante la jurisdicción internacional por los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos.
Llamamos a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU y a los mecanismos de derechos humanos a que intensifiquen la presión para el esclarecimiento de todos los casos, el fin de la impunidad y la celebración de un referéndum de autodeterminación libre y justo, conforme a las resoluciones de la ONU y al plan de arreglo de 1991.
La desaparición forzada no es solo un crimen del pasado: es una herida abierta que exige verdad y justicia. Mientras exista un solo saharaui desaparecido cuyo destino se desconozca, la memoria y la dignidad del pueblo saharaui seguirán siendo una deuda pendiente de España, de Marruecos y de la comunidad internacional.
¡Verdad, justicia y reparación para las víctimas saharauis de desapariciones forzadas!