En el marco de la conmemoración del Día del Desaparecido Saharaui, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) celebró un solemne acto oficial el 18 de junio de 2026 en su sede en la Wilaya de Chahid El Hafed, con el objetivo de honrar la memoria de los desaparecidos y reforzar la lucha por los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El evento contó con una destacada representación institucional y social, encabezada por el Señor Mohamed Mami Tamek, Ministro de los Territorios Ocupados y la Diáspora, así como con la participación de familiares de desaparecidos de los territorios ocupados, miembros del Mecanismo Nacional de Coordinación en materia de Derechos Humanos, el sobreviviente de ejecuciones sumarias Abba Ali Said Daf, y numerosos activistas y defensores de derechos humanos.
Durante la jornada se rindió homenaje a Sidi Mohamed Basiri, primer desaparecido saharaui, cuya desaparición tuvo lugar el 18 de junio de 1970, bajo la exlusiva responsabilidad del estado español. Asimismo, se puso especial énfasis en los casos de desaparición forzada aún no esclarecidos del periodo franquista y postfranquista hasta los casos mas recientes, entre ellos el de Lehbib Ahmed Hmiti (conocido como Lehbib Aghrichi), desaparecido desde el 7 de febrero de 2022 en Dajla, y el «Grupo de los 15», compuesto por jóvenes secuestrados el 25 de diciembre de 2005.
Homenaje a las familias y especialmente a las madres y esposas
En un emotivo momento, se rindió especial homenaje a los familiares de los desaparecidos, con particular reconocimiento a las esposas y madres saharauis. Ellas han cargado durante décadas con el peso insoportable de la angustia y la incertidumbre, manteniendo viva la llama de la esperanza y la dignidad a pesar del dolor constante de no saber el paradero de sus seres queridos. Los participantes les expresaron su más profundo respeto y gratitud, y las llamaron a continuar su lucha con determinación hasta encontrar a los desaparecidos, vivos o muertos, y lograr la verdad y la justicia que merecen.
Intervenciones destacadas:
- El testimonio de Abba Ali Said Daf, quien relató su experiencia y denunció las ejecuciones ocurridas en Amgala los días 12 y 13 de febrero de 1976, cuando España no se había retirada del territorio.
- La intervención de Djimmy El Ghalia, defensora de derechos humanos, exdesaparecida e hija de la desaparecida Fatimetu Baad. Presentó los avances en el expediente de los desaparecidos saharauis, fruto de los esfuerzos coordinados entre las organizaciones saharauis, particularmente la Asociación de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el Estado Marroquí y AFAPREDESA. Destacó que ambas organizaciones han documentado más de 400 casos remitidos al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. En colaboración con el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco, se realizó el trabajo de investigación titulado «Oasis de la Memoria: Memoria Histórica y Violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental» bajo la supervisión del Profesor Carlos Martin Berinstain. Estas acciones de denuncia obligaron al Reino de Marruecos a reconocer, en diciembre de 2010, que el 68% de los casos de desapariciones forzadas ocurridas entre 1956 y 1999 en Marruecos y el Sáhara Occidental correspondían a saharauis, incluyendo a 14 niños.
- La declaración de la Señora Enhbouha Boutenkiza, en representación del Comité de Madres del Grupo de los 15. Valoró altamente los esfuerzos del comité, pero lamentó que el Reino de Marruecos siga sin desvelar el paradero de los 15 jóvenes secuestrados el 25 de diciembre de 2005. El caso continúa abierto ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas. Reafirmó que las madres no cesarán en su lucha hasta conocer la verdad y obtener justicia.
- La intervención de Fanana Ahmed Hmiti (Aghrichi), en nombre de la familia del desaparecido Lehbib Ahmed Hmiti. Relató los dramáticos hechos del 7 de febrero de 2022 en Dajla: la última vez que fue visto entrando en el comercio de YA, el hallazgo de su vehículo abandonado, su detención y su posterior liberación sospechosa, y el descubrimiento de su cadáver desnudo con claros signos de tortura en la playa. Denunció las contradicciones de la versión oficial marroquí y la falta total de pruebas oficiales. El caso fue presentado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU bajo el número AU 1537/2022, el cual exigió al Estado marroquí medidas urgentes de búsqueda e investigación.
Por otra parte, los participantes valoraron altamente los hallazgos de las dos primeras fosas comunes de Fadret Leguia (Amgala, región de Smara), donde se exhumaron los restos de ocho personas saharauis —entre ellas dos adolescentes— ejecutados el 12 de febrero de 1976 por el ejército marroquí. Estos hechos ocurrieron mientras España aún ejercía como potencia administradora del territorio. El trabajo de exhumación, identificación antropológico-forense y análisis genético fue realizado por un equipo de la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo la supervisión del profesor Francisco Etxeberria Gabilondo. En relación con las despareciones forzadas, existen 15 lugares potenciales de fosas comunes, la mayoría sin posibilidad de exhumaciones dado que se encuentran bajo el control del reino de Marruecos.
Responsabilidad de España
Los participantes recordaron el Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, en el que se afirma que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y, como tal, tiene la obligación de proteger a los ciudadanos saharauis contra todo abuso, extendiendo incluso su jurisdicción territorial para garantizar dicha protección, conforme a los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, destacaron el Auto 1/2015 del juez Pablo Ruz, que procesó a once altos cargos militares y policiales marroquíes por delitos de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas cometidas contra la población saharaui, reconociendo así la naturaleza sistemática y grave de las violaciones cometidas.
Responsabilidad de España y la Comisión de la Verdad:
Los participantes reiteraron la responsabilidad histórica y jurídica de España como antigua Potencia Administradora del Sáhara Occidental, en virtud del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. Exigieron al Gobierno español que asuma plenamente sus obligaciones, intensifique la presión política y judicial sobre Marruecos, y facilite la realización de investigaciones independientes, así como el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a las fosas comunes.
Saludaron igualmente la creación de la Comisión de la Verdad presidida por el juez Baltasar Garzón, considerándola un paso fundamental para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Instaron al Gobierno Español a respaldar sus trabajos y fortalecer la cooperación con dicha comisión para avanzar hacia la restauración auténtica de la Verdad para todas las víctimas, sin discriminación ni excepción.
Los asistentes renovaron su exigencia de esclarecer de manera inmediata el paradero de todos los desaparecidos saharauis, así como de garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y el fin de la impunidad. Subrayaron que las desapariciones forzadas constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que no prescriben. En este contexto, lanzaron un enérgico llamamiento a las familias de los desaparecidos para que retomen con renovada fuerza las acciones de denuncia y movilización, se unan en una red de solidaridad activa y expresen su apoyo inquebrantable a todas las víctimas y sus allegados. Solo a través de la unidad y la perseverancia se podrá mantener viva la presión necesaria para arrancar la verdad a quienes la ocultan.
Asimismo, los participantes hicieron un apremiante llamamiento a la comunidad internacional para que asuma plenamente su responsabilidad histórica y jurídica, y actúe con firmeza para que tanto España como el Reino de Marruecos desvelen, sin demora ni excusas, toda la verdad sobre los casos de desaparecidos saharauis. Exigieron que los organismos internacionales, las Naciones Unidas y la sociedad civil global redoblen sus esfuerzos para que cesen la impunidad y el silencio cómplice, y para que la justicia sea finalmente una realidad para todas las víctimas.
La memoria y la justicia no son una opción, sino una exigencia para todas las víctimas y para la humanidad en su conjunto.