Hoy, 27 de febrero de 2026, el pueblo saharaui y todos los amantes de la paz y la justicia conmemoramos el 50.º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Desde su nacimiento, la RASD ha sido la garante y el principal bastión de nuestro pueblo y sus legítimos derechos nacionales.
Este hito histórico vino a llenar el vacío político y jurídico dejado por el Estado español tras su retirada unilateral del territorio en 1975, incumpliendo así su obligación legal como potencia administradora de descolonizar el Sáhara Occidental. Este territorio, incluido desde 1963 en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos, continúa figurando en ella como uno de los 17 casos pendientes de descolonización en el mundo.
La proclamación de la RASD tuvo lugar mientras aún resonaban las conclusiones de la Misión Visitante de la ONU al Sáhara español. Dicha misión reconoció al Frente Polisario como la fuerza política dominante en el territorio y constató el rechazo categórico del pueblo saharaui a cualquier reclamación territorial de Marruecos y Mauritania. El informe de la Misión Visitante de Naciones Unidas al Sáhara español, aprobado el 10 de octubre de 1975 —exactamente 20 días antes del inicio de la invasión marroquí—, fue fundamental para el proceso descolonizador. Sus principales conclusiones determinaron que la inmensa mayoría de la población saharaui deseaba la independencia y se oponía firmemente a las ambiciones anexionistas de sus vecinos.
Esto se vio reforzado, de manera determinante, por la clara Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975, que estableció categóricamente:
«Los materiales y la información presentados ante la Corte no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o la entidad mauritana. Por lo tanto, la Corte no ha encontrado vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan afectar la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General en lo relativo a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, la aplicación del principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de los pueblos del Territorio».
A pesar de este dictamen, Marruecos y Mauritania invadieron el territorio con la complicidad de España. La consiguiente ocupación marroquí ha constituido, desde entonces, un ataque sistemático y deliberado contra la población civil saharaui, que la justicia española ha calificado de genocida. En el histórico auto del 9 de abril de 2015, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional española ordenó el procesamiento de once altos cargos militares y policiales marroquíes por delitos de genocidio cometidos entre 1975 y 1992. El auto describe «bombardeos de campamentos civiles, desplazamientos forzosos, asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones forzadas y torturas», con el objetivo de destruir, total o parcialmente, al pueblo saharaui como grupo étnico y nacional.
La RASD no es, por tanto, un mero símbolo: es el baluarte, el muro y la máxima expresión de la voluntad del pueblo saharaui. Es miembro fundador de la Unión Africana (admitida en 1982 en la entonces OUA) y, desde 2017, se sienta en pie de igualdad con el Reino de Marruecos en todas las cumbres africanas, en los diálogos Unión Africana-Unión Europea y en las conferencias TICAD.
La tragedia del Sáhara Occidental evoca, desgraciadamente, la imagen de una Alemania dividida por el Muro de Berlín. Hoy, el «muro de la vergüenza» marroquí, de más de 2.700 km de longitud y sembrado de minas antipersona, separa familias, impide la libre circulación y perpetúa la división forzada de nuestro pueblo. Del mismo modo, nuestra causa tiene paralelismos evidentes con la de Timor Oriental, que también fue invadido en 1975 tras la retirada de Portugal y finalmente recuperó su independencia mediante el legítimo ejercicio del derecho a la autodeterminación.
El ejercicio de este derecho inalienable puede incluir cualquier fórmula política acordada, incluida una amplia autonomía. Sin embargo, para que sea legítima, el pueblo saharaui debe tener la posibilidad real, libre y sin coacción de elegir también la independencia en un referéndum organizado y supervisado por las Naciones Unidas, como viene reclamando desde hace décadas.
Es imperativo que la comunidad internacional exija el estricto cumplimiento de la legalidad internacional, el fin del colonialismo en todas sus formas y el respeto inalienable del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Solo la plena aplicación del Plan de Arreglo de 1991 —aceptado por ambas partes y refrendado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas— permitirá una solución justa y duradera. Para alcanzar este objetivo, es más necesario que nunca avanzar efectivamente en la implementación de las decisiones, opiniones y recomendaciones de los principales mecanismos de la ONU: el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
De manera especial y prioritaria, AFAPREDESA exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis, verdaderos símbolos vivientes de la resistencia pacífica y de la dignidad del pueblo saharaui. La mayoría de ellos fueron detenidos arbitrariamente desde noviembre de 2010 durante el violento desalojo del campamento de Gdeim Izik por las fuerzas de ocupación marroquíes y permanecen encarcelados en condiciones inhumanas, convertidos en rehenes de la ocupación ilegal.
Exigimos también el esclarecimiento inmediato de los 445 casos de desaparecidos saharauis, con la urgente exhumación de las fosas comunes y la entrega de los restos a sus familias; el cese definitivo de los bombardeos a civiles con drones; y la restitución de todas las tierras y propiedades confiscadas.
Con motivo de este glorioso 50.º aniversario de la proclamación de la RASD, AFAPREDESA rinde un vibrante homenaje a todas las víctimas de esta cruel ocupación, que no habría podido continuar sin el estímulo, el apoyo y la activa complicidad de España y la Unión Europea.
Por último, AFAPREDESA hace un llamamiento urgente a los medios de comunicación para que ofrezcan una cobertura veraz y equilibrada, dando voz al pueblo saharaui, el primer y principal interesado. Es necesario poner de relieve las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en los territorios ocupados: desapariciones forzadas, bombardeos a civiles, detenciones arbitrarias y torturas. Ignorar estos hechos, reconocidos judicialmente como constitutivos de genocidio, solo sirve para prolongar una ocupación ilegal que ya dura medio siglo.
Asociación de Familias de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA)